El mundo sigue de cerca a Estados Unidos y las elecciones de este martes, sabiendo que podrían desatar una ola de incertidumbre que afectará a los mercados y a la economía global. Pero otro país, Alemania, se enfrenta a su propia crisis económica y política, que ha sido pasada por alto en este contexto.
La coalición gobernante en Alemania formada por el SPD, los Verdes y los liberales ha llegado a un punto de inflexión. Recientemente se filtró el plan del ministro de Finanzas, Christian Lindner, que exige un «cambio económico» y una importante revisión de la política fiscal del país. Este documento propone reservar ahorros para implementar el tan publicitado programa de sanciones para prestatarios serios.
Con un límite constitucional que prohíbe déficits superiores al 0,35% del PIB, Lindner propone flexibilizar los plazos de recuperación y reducir las inversiones y los subsidios en materia de cambio climático. En particular, propone eliminar una subvención de 10 mil millones de euros para Intel, lo que ha aumentado las tensiones en el gobierno.
El ultimátum de Lindner pretende solucionar un déficit real de 8.000 millones de euros, financiando el resto recortando los servicios públicos. Sin embargo, analistas como Carsten Bžeskis de ING advierten que estas propuestas pueden no ser aceptables para los Verdes y el SPD. La presión sobre el gobierno va en aumento, y a medida que se acercan las elecciones federales previstas para 2025. En septiembre existe el riesgo de un colapso político.
La portavoz del SPD, Saskia Esken, reconoció que la situación es tensa y que las propuestas de Lindner podrían beneficiar a los ricos a expensas de la clase trabajadora. Sin embargo, algunos miembros del SPD creen que todavía es posible llegar a un acuerdo, aunque las posiciones están muy alejadas.
La oposición, representada por la CDU, considera el plan de Lindner un «certificado de divorcio» de la coalición y afirma que la situación económica es insostenible. Según los analistas de Pantheon Research, la incertidumbre política podría afectar negativamente a las perspectivas económicas de Alemania, ya que el entorno empresarial está dominado por cuestiones como Volkswagen y las tensiones en el gobierno.
Además, existe un importante desafío financiero. Una posible decisión del Tribunal Constitucional alemán podría provocar un déficit de 75 mil millones de euros, lo que complicaría aún más la situación. La audiencia judicial está prevista para el 12 de noviembre y su decisión puede tener consecuencias importantes para la política fiscal del país.
Alemania atraviesa un momento crítico, con tensiones políticas internas y una crisis económica que podría llevar al país a un punto de quiebre. La próxima semana será crucial para determinar si el gobierno puede encontrar un camino hacia la estabilidad o enfrentar un colapso inminente.
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