El grupo legal de la abogada Odila Castillo publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han sido propaladas recientemente en varios medios de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas divulgaciones como ofensivas con mala intención, impulsadas por intereses económicos específicos y destinadas a perjudicar tanto la reputación profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han infringido derechos
Carlos Carrillo, integrante del equipo jurídico de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Destacó que tras estos ataques se encuentran intereses económicos subyacentes que desean sacar provecho del desprestigio de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que sufre la abogada. Recordaron un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, la cual fue desmentida posteriormente.
Medias verdades y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», distorsionadas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, señalaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación tiene su origen en un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se compartieron datos delicados como movimientos migratorios y declaraciones de impuestos, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en marcha
La defensa informó que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente transgresión de su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo sostuvo que se han pisoteado los derechos fundamentales de su representada, respaldados por la Constitución y las normativas panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales pertinentes para esclarecer la responsabilidad por los daños ocasionados y los que se busquen causar. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la ley a quienes están detrás de esta campaña de desprestigio.
