Dolores Maya tiene dos hijas, está embarazada, en paro y su marido cobra en torno al salario mínimo. “Está todo carísimo. Antes hacía la compra con 150 euros para varias semanas y ahora solo me dura una”, lamenta esta joven de 28 años. A ello se suma el subidón del alquiler: “Hace dos años, cuando entramos al piso, pagábamos 550 euros al mes. Ahora estamos en 670. Y luego están la ropa de las niñas, la luz, el día a día…”. Explica su situación justo al salir de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal de Alcalá de Henares (Madrid), donde encuentra un parche a su situación. “Cobro el subsidio. No es mucho, pero para nosotros es importantísimo. Sin ello, no sé como llegaríamos a final de mes, no sé qué sería de nosotros”, añade.
Esta madrileña es uno de los 971.000 receptores de los subsidios de desempleo en España. Este martes el Gobierno aprobó una reforma de estas ayudas, que amplía la protección a nuevos colectivos —a unas 400.000 personas, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo—, eleva las cuantías de la mayoría de prestaciones —crecen hasta 570 euros en los primeros seis meses, caen hasta 540 en el segundo semestre y terminan en la cifra actual, 480— y permite, a su vez, la compatibilización durante un semestre del subsidio con un empleo con una contracción de la prestación. El acuerdo se materializó tras una ardua negociación, como de costumbre, entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. El detalle del texto recoge cesiones de las dos partes: la cobertura y las cuantías crecen, como quería Yolanda Díaz, pero a la vez se alarga esta compatibilización, como planteaba Nadia Calviño. También se refuerza el compromiso de actividad, un nuevo elemento que consolidó la ley de Empleo. No entra en aplicación hasta junio de 2024.
“Yo quiero trabajar, no quiero estar cobrando una ayuda. Soy anti eso, siempre he renegado de esa actitud”, destaca Dolores. Ha trabajado frecuentemente en almacenes logísticos, el sector pujante en la zona, pero hace tiempo que no consigue empleo. “Primero estuve con el paro normal (la prestación contributiva, la que se nutre de lo que ha aportado el trabajador en cotizaciones) y ahora con el subsidio. Me lo han alargado por las niñas. Si no, ya se me habría acabado”, explica. La reforma contempla, precisamente, una ampliación de la cobertura a esas personas sin cargas familiares. “Mi embarazo es de riesgo, así que no estoy como para trabajar ahora. Dejas a mucha gente tirada sin esto. Estoy preocupada porque en principio se me acaba en tres meses. ”.
El sistema de desempleo protege en España a 1,76 millones de personas, la suma de prestaciones contributivas (792.000) y subsidios (casi un millón). Pero hay 2,7 millones de parados, así que hay en torno a un millón de personas que quedan fuera. Algunas de ellos reciben el ingreso mínimo vital o alguna otra ayuda, pero también son muchas las que están excluidas del todo. Los expertos en la materia destacan la dificultad de calcular cuántos son, dada la falta de armonía entre estadísticas.
El perfil de Dolores es el más común por sexo: el 59% de las receptoras de subsidios son mujeres. Pero por edad no coincide con lo más habitual, ya que los menores de 30 años son solo el 5,2% del total. Son mayoría los mayores de 50 años, como Antonio Hidalgo. “480 euros no es mucho, pero la verdad es que algo ayuda“, explica este granadino de 53 años. Su comunidad autónoma, Andalucía, es la segunda que más receptores concentra. El 8,2% de la población activa recibe el subsidio por desempleo, solo por detrás de Extremadura. Son las dos únicas en las que pueden percibirlo los eventuales agrarios, una posibilidad que se amplía con la reforma al resto de autonomías. Las otras comunidades con mayor proporción son otras con altas tasas de desempleo, como Canarias (4,8% de población activa que percibe subsidio) o Castilla-La Mancha (4,6%).
Además de buscar trabajo por su cuenta, Antonio lleva años en la bolsa de los servicios públicos de empleo. Pero asegura que nunca le han llamado. “Es que ni una oferta, no te llega nada por ahí. Y luego dicen que faltan trabajadores, es una patraña. Yo no quiero el subsidio, quiero trabajar”. La escasa capacidad de intermediación de la red pública de oficinas de empleo es una protesta habitual de sindicatos y patronales.
“El problema es que las empresas no quieren a personas mayores de 50 años”, protesta este profesional de la construcción. “Lo primero que miran es la edad, no se fijan en lo que produces o en lo que sabes. Se creen que vas a tener un rendimiento bajo y yo a un niño de 30 años le fundo los plomos. Quieren que trabajemos hasta los 67 años, pero en cuanto cumples 50 se olvidan de ti”. La expulsión de trabajadores del mercado laboral a la edad de Antonio es una de las principales debilidades del mercado laboral español, según los expertos.
Justo esta falla es la que justifica la existencia del subsidio específico para mayores de 52 años, de duración indefinida mientras el receptor no encuentre empleo. Para ellos no hay incremento de la prestación con la reforma, se queda en 480 euros, y además se complica el camino a la jubilación. La norma aprobada plantea una reducción de la base de cotización. Lo que sí incluye el texto es un compromiso del Gobierno a elaborar, junto a los agentes sociales, una estrategia para atajar el paro de larga duración, especialmente el que afecta a las personas de más edad.
Si esa estrategia fructificase, también ayudaría al tío de Virgil Asanica, de 63 años. Abandona la oficina de empleo de Alcalá de Henares a toda velocidad, pero su sobrino atiende a EL PAÍS para explicar su situación. “Vengo con él porque ni habla ni entiende español, he venido a echarle una mano”, explica este rumano de 27 años. Su tío trabajó durante siete años en una planta de reciclaje, pero le despidieron y ahora cobra el subsidio. “Le queda tan poco para poder jubilarse… El subsidio ayuda, claro que sí, menos mal que está”, dice Virgil. Es poco común encontrar a ciudadanos extranjeros entre los receptores del subsidio. Aunque son el 15% de la población activa española, solo son el 8% de los beneficiarios. Es decir, es más frecuente entre los parados nacionales acabar necesitando estos subsidios que entre los de diferente nacionalidad.
“Mi cultura es el trabajo”
Gastón, un argentino que prefiere no dar su apellido, es uno de los que contaba con esta ayuda, pero sale contrariado de una oficina de empleo del centro de Barcelona, porque le han dicho que no tiene derecho a ella porque no cumple los requisitos de mínimo tiempo de cotización. “Mi cultura es el trabajo, soy argentino y estamos acostumbrados a tener muchos trabajos, a hacer malabarismos. Pero ahora quería ponerme a estudiar y era una manera de tener un ingreso”, apunta.
Joaquín Prades, un señor de 63 años enfundado en una larga chaqueta de plumón, acude a esta oficina barcelonesa a renovar el subsidio de empleo. El último trabajo que tuvo fue de mecánico en la empresa pública municipal de mantenimiento de los parques. Antes intentó tramitar la jubilación anticipada, pero lo paró por acceder a este empleo, aunque le duró 11 meses. Al no llegar al año, no pudo pedir la prestación de paro y está cobrando el subsidio de 480 euros. “Esto no da para nada, quizá en un pueblecito sí, pero en Barcelona, tal como está todo de caro, lo que da es para malvivir. Yo al menos no pago piso porque por ahora vivo donde vivía mi madre”. Ahora está mirando si puede reactivar la prejubilación o esperar directamente a la jubilación, que será de unos 1.700 euros: “Ya es algo más, pero me tendré que ir a vivir fuera porque aquí está todo muy caro. Si quiero irme a vivir a una habitación, son 500 euros”, señala.
También tiene 63 años Julián Galiano, trabajador del campo y de la construcción y receptor del subsidio desde que tenía 53. “Si es que no sale nada, no hay trabajo para nosotros. Y esta ayuda es importante, pero no te da, se acaba enseguida”. Lo exiguo de esta prestación contributiva es lo que hace que muchos complementen este ingreso público con la economía informal. “Me parece muy buena idea que se pueda complementar el subsidio con el trabajo, opina Julián. “Pero, sin duda”, continúa, “lo importante es que haya alguna forma de que también haya trabajo para nosotros. Yo quiero estar de alta, no quiero lo que algunos llaman con muy mala idea paguitas”.
En ese mensaje insiste la madrileña Claudia Martínez, de 39 años. “Habrá algún vago, seguro, pero son minoría muy minoría. Quiero trabajar para tener una vida mejor, no una ayuda tan pequeña. Me parece bien que hayan subido el subsidio, pero lo importante es que haya más trabajo. Sin un sueldo no se puede vivir”, finaliza esta administrativa.
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