En una sesión marcada por amplios debates entre distintas fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó por mayoría una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las reformas buscan actualizar el marco normativo frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo, fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar una competencia más equitativa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Dentro de las modificaciones principales aprobadas, se hace explícito el reconocimiento del acceso a internet como un derecho esencial. Esto requiere que las autoridades generen condiciones que garanticen una conexión accesible, constante y de calidad para todos los ciudadanos, poniendo especial atención en las áreas rurales o de difícil acceso. Esta medida está en consonancia con los compromisos adquiridos en cuanto a inclusión digital y progreso social.
Los cambios también incluyen normas más rigurosas para las plataformas digitales que brindan servicios de video en línea. Aunque no se regulan directamente los contenidos, se fijan pautas relativas a la transparencia en los algoritmos de recomendación, publicidad personal y mecanismos de reclamación para los usuarios. El objetivo es mejorar la defensa de los derechos de los consumidores digitales sin detener la innovación tecnológica ni imponer cargas innecesarias a los proveedores de servicios.
Uno de los temas más debatidos fue la modificación del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incluye nuevas métricas sobre cuota de mercado y gestión de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto le permitiría al regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implementar medidas asimétricas con mayor exactitud para prevenir abusos de poder de mercado y promover la competencia.
Además, se añade una medida que exige a los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones adherirse a criterios básicos de accesibilidad para personas con discapacidades. Esto comprende la inclusión de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en determinados contenidos, así como la adaptación de interfaces en las plataformas digitales.
En lo que respecta a la radiodifusión pública, se implementan medidas para asegurar su autonomía editorial y viabilidad financiera. Se prevé la instauración de un fondo específico que facilitará la financiación de contenidos culturales, educativos y de interés social, evitando la dependencia exclusiva de los presupuestos anuales o de la publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Otro avance importante es la inclusión de disposiciones para la promoción de contenidos nacionales y el fortalecimiento de la producción independiente. Las plataformas con una presencia significativa en el mercado mexicano deberán destinar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en coproducción con casas productoras nacionales, con el objetivo de incentivar la diversidad cultural y apoyar a la industria audiovisual local.
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque algunos legisladores expresaron reservas respecto a posibles efectos colaterales de ciertas disposiciones sobre la libertad de expresión o la viabilidad operativa de pequeñas empresas del sector. Sin embargo, el consenso general apuntó a la necesidad de actualizar la legislación ante un ecosistema digital que evoluciona a gran velocidad y cuya influencia en la vida pública es cada vez más determinante.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
