El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes un plan urgente para reformar el Tribunal Supremo, actualmente dominado por una mayoría conservadora. La controvertida iniciativa pretende lograr un impacto significativo en sus últimos seis meses de funcionamiento.
Desde hace semanas, Biden ha expresado su intención de implementar varios cambios en el Tribunal de Justicia, incluida la limitación del mandato de los jueces, que actualmente es vitalicio. Eso significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, lo que permite que una mayoría conservadora (seis jueces contra tres) aguante durante décadas. La Casa Blanca dice que son necesarios límites para evitar que los jueces permanezcan en sus cargos indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos de los jueces, aumentando aún más la influencia conservadora en la corte. Trump ha nombrado a tres jueces en su primer mandato y su enfoque ha incluido candidatos jóvenes con potencial para influir en la corte durante mucho tiempo. Biden, a su vez, logró nominar a Ketanji Brown Jackson (54) como su única opción hasta el momento.
Biden pronto revelará más detalles sobre su plan para abordar cuestiones constitucionales y reequilibrar la corte, particularmente en respuesta a fallos recientes que afectan la inmunidad presidencial de Trump. También hay planes para crear un código de conducta «vinculante y ejecutable» para los jueces.
Pero implementar estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso altamente polarizado, lo que dificulta el apoyo a las medidas propuestas por el presidente.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que «nadie está por encima de la ley», destacando la importancia de la confianza pública en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en asuntos que afectan las libertades individuales. en 1973 La decisión Roe v. Wade que legalizó el aborto fue objeto de un intenso debate y desde entonces ha llevado a muchos estados a aprobar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados han promulgado una prohibición total o parcial de esta práctica.
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